¿Hacia dónde van las políticas públicas en materia de inmigración en la Comunidad de Madrid?
El Plan de Integración y el Plan Madrid
En 2004 y 2006, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid presentaban, respectivamente, sendos Planes de actuación para afrontar el reto que suponía el creciente aumento de la población extranjera en esta comunidad, acontecido en los últimos años.
El Plan de Integración 2006-08 de la Comunidad de Madrid (conocido como Plan de integración) se concebía como un Plan bidireccional, puesto que afirmaba buscar la implicación tanto de la población autóctona como de la población migrante en la consecución del proceso de integración social. Sobre el papel, el Plan no contemplaba, en líneas generales, la apertura de nuevos dispositivos, sino el reforzamiento y potenciación, a través de programas, actividades, cursos, campañas y estudios de los recursos ya existentes, en áreas tan diversas como empleo, vivienda, educación, servicios sociales, salud, opinión pública, participación… Como pieza clave dentro de los dispositivos de gestión de la diversidad, se preveía la consolidación de los CASI (Centros de Atención Social a Inmigrantes), cuyas funciones vendrían a complementarse con la creación de los CEPI (Centros de Participación e Integración), concebidos como lugares de encuentro entre autóctonos y migrantes, aunque separados por nacionalidad de origen.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid, presentaba su I Plan Madrid de Convivencia Social Intercultural (conocido simplemente como Plan Madrid), como un plan innovador y ambicioso, puesto que afirmaba querer ir más allá de la mera integración de la población migrante y «perseguir el impulso y la mejora de la convivencia entre todos los madrileños». La actuación del Ayuntamiento quedaba definida en torno a tres ejes (articulación del modelo convivencial, normalización en el acceso a los recursos y el impulso y mejora de la convivencia) entre los que se distribuirían 37 dispositivos de nueva creación, aunque finalmente sólo 34 llegarían a materializarse.
Como ya es norma en el ámbito de la intervención social, la gestión de los recursos tanto del Plan de Integración como del Plan Madrid estaba contratada con todo un abanico de ONGs, fundaciones y empresas de lo social: Cruz Roja, CEAR, Grupo 5, MPDL, ACCEM, Fundación Autónoma o La Rueca eran algunas de ellas.
La desigualdad en aumento
Este año, ambos Planes llegan a su fin. En el período que nos separa de su puesta en marcha, el resultado que encontramos, en términos socioeconómicos, no parece nada esperanzador. Son infinitos los indicadores que nos hablan de un aumento de la desigualdad entre la población española y la extranjera: el Banco de España, en su informe del 2007, hablaba de una mayor movilidad laboral y una mayor temporalidad de los inmigrantes –más de la mitad tienen un contrato temporal, frente a menos de un tercio de los españoles; los últimos datos del INEM sitúan la tasa de paro de los inmigrantes en un 16,46%, frente a un 9,34% de los españoles; a su vez, el INE reflejaba que, en condiciones de igual trabajo, los extranjeros cobran entre un 20-35% menos que los españoles.
Por otro lado, a escala europea, puede percibirse un claro aumento del racismo institucional, que se refleja en muchas de las nuevas normativas legales (las más evidentes, la mal llamada «directiva de retorno» y las modificaciones introducidas por el nuevo gobierno de Berlusconi). En varios países, han ganado en las urnas presidentes con discursos securitarios abiertamente anti-inmigrantes (Sarkozy, Berlusconi, Merkel…), a la par que, a través de las televisiones, nos van llegando episodios de racismo popular: tal vez, una de las imágenes más espectaculares se haya podido ver de nuevo en Italia, con los incendios provocados en sendos campamentos de rumanos.
Sin embargo, este análisis parece escapársele a las Administraciones Públicas. Aunque tanto la Comunidad como el Ayuntamiento de Madrid apostaron por la igualdad (entendida como el acceso, en igualdad de condiciones, a las mismas oportunidades que el resto de los madrileños) y la normalización (evitar la generación de procedimientos, dispositivos o prestaciones segregadas de los que existen para el conjunto de la ciudadanía) como principios rectores de sus respetivos planes, la evaluación pública de los resultados obtenidos se limita a una cuantificación en términos absolutos de las actuaciones realizadas, sin hacer un análisis serio de su incidencia social real, desdeñando o tratando muy superficialmente los datos socioeconómicos comparativos, que permitirían evaluar si en efecto tales actuaciones han revertido en una mayor igualdad social y normalización, y dejando por completo de lado todo análisis cualitativo del proceso de integración y convivencia real.
Cierres, recortes y cambios de entidad gestora
Por otro lado, a pesar de que los planes se valoran muy positivamente, lo cierto es que, en los dos últimos años, muchos de los recursos han sido objeto de cierre, reducción de plantilla o cambios de entidad gestora. Es el caso de los 18 CASI integrados en el Plan de Integración, de los que sólo quedan cuatro, con un cierre previsto para finales de este año. Es cierto que se están poniendo en marcha nuevos CASI, en nuevas ubicaciones (se prevén un total de 6, un número mucho menor al existente y que tendrá que cubrir áreas de actuación mucho mayores con menos recursos), pero, aún así, la inversión de tiempo, dinero público y capital humano en infraestructuras, formación de profesionales y creación de referentes y de una red social en torno a los primeros CASI, fundamental para su adecuado funcionamiento, se tira literalmente a la basura con su cierre. Los cierres no han afectado sólo a dispositivos de la Comunidad de Madrid: la Escuela de Convivencia o el Servicio de Atención Jurídica contra el Racismo y la Xenofobia, del Plan Madrid del Ayuntamiento, también se han cerrado a menos de 2 años de su apertura.
Algo parecido sucede con los cambios inmotivados de la entidad gestora. Por más que el dispositivo se mantenga, el cambio en la entidad con la que se contrata, sin que haya habido ningún desfalco o problema serio de por medio, supone siempre un cambio injustificado en la plantilla y, por lo tanto, una pérdida de las personas de referencia para los usuarios. Por otro lado, estos cambios siempre implican una suspensión temporal del funcionamiento de recursos supuestamente «públicos», dejando en la estacada a muchos usuarios y, en ocasiones, manteniendo «secuestrados» expedientes muchas veces vitales (por ejemplo, de usuarios que están tramitando permisos de residencia o con procedimientos penales abiertos). Así sucedió con el cambio de gestión del Programa de Atención y Acogida Temporal a población de origen Subsahariano, que pasó de Grupo 5 a CEAR, con una importante reducción de presupuesto, y se mantuvo con ello 2 meses cerrado.
A su vez, dadas las excelencias que pueden leerse en las evaluaciones públicas del Plan Madrid, sorprenden las reducciones de presupuesto y plantilla que han afectado a recursos fundamentales como el Servicio de Traducción e Interpretación, que ha quedado reducido a un mero call-center, o el Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, donde se han eliminado los estudios de amplio alcance, únicos capaces de dar cuenta del aumento de la desigualdad y otras grandes tendencias sociales de cambio.
¿Y las entidades sociales qué?
En este panorama de inestabilidad general, donde cunden los rumores de otros cierres, reducciones y cambios de gestión, donde las adjudicciones de los contratos de gestión tantas veces dependen de las buenas relaciones con la administración, del acceso a información privilegiada y de la capacidad de reducir al mínimo el presupuesto, precarizando los recursos tanto para trabajadores como para usuarios, las ONGs, fundaciones y empresas de intervención social acaban entrando en feroz competencia entre sí, convirtiendo al tercer sector en un mercado de saldos, donde la «crítica» puede quedar reducida a marca de un producto «social».
Ha llegado el momento de tomar cierta distancia crítica y hacerse algunas preguntas. Detrás de los grandes titulares y de las evaluaciones a todo color de los planes de integración o convivencia, ¿tienen los gobernantes y gestores de la comunidad y ciudad de Madrid algún modelo de ciudad en la cabeza o funciona todo más bien al albur de pequeños acuerdos, urgencias y necesidades de promoción y votos? ¿Tienen las ONG’s y asociaciones que participan de estos planes alguna evaluación propia de lo que ha sucedido y alguna estrategia de intervención para el futuro, con criterios propios? ¿Hacia qué modelo de convivencia avanza la ciudad de Madrid, afectada por estos planes, pero también por el racismo institucional inscrito en los mecanismos legales de regulación de la inmigración, por tendencias a un aumento de la desigualdad social entre inmigrantes y autóctonos y por el hacer y deshacer de sus millones de ciudadanos?
Rosa Porsicierran,
Madrid, septiembre de 2008
